Ana Redondo, ministra de Igualdad:
«LA DIMENSIÓN DEL MACHISMO ES ENORME«
.-Se cumplen 20 años de la Ley 1/2004 Integral contra la Violencia de Género, pionera en la lucha contra el machismo.
.-Pese a los avances legales e institucionales las cifras de la violencia contra las mujeres ofrecen una realidad escalofriante.
.-También el colapso de los juzgados puede hacer ineficaz esta la Ley, como ha denunciado el Colegio de Abogados de Cádiz, tras constatar que el juicio de un reciente caso de violencia ha sido señalado para dentro de año y medio.
Cada diez minutos una mujer o una niña son asesinadas en el mundo por culpa de la violencia machista. España es uno de los pocos países que ha puesto medios legales e institucionales para evitar estos asesinatos, estas agresiones, pero las cifras de crímenes y de violencia de género que padecemos indican que esta lucha no ha hecho más que empezar. Desde 2003 las agresiones machistas han acabado con la vida de de 1287 mujeres en nuestro país, estadística que se lleva precisamente desde que se aprobó en el Congreso, el 28 de diciembre de 2003, por unanimidad, la Ley 1/2004 Integral contra la Violencia de Género, pionera en su momento contra el machismo.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en declaraciones a TVE ha reconocido que aunque esta Ley ha permitido avanzar en la lucha contra las agresiones sexuales que sufren mujeres y niños, «la dimensión del machismo es enorme. Es un problema transversal e inoculado como un virus en la sociedad», por lo que hay que seguir luchando.
La ministra propone «renovar el pacto de Estado contra la violencia de género – se firmó por primera vez en 2017- ante un patriarcado que se extiende en las redes sociales». Una renovación del Pacto que ha sido también exigida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Redondo ha insistido en la necesidad de incorporar mayores medidas de protección en el ámbito rural, también frente a la violencia vicaria y contra el machismo en internet.
Una de las impulsoras de la Ley Integral contra la Violencia de 2004, Soledad Murillo, ha recordado en RNE que hasta el momento de su promulgación no se reconoció oficialmente el término de «violencia de género»: «Recuerdo hace veinte años, dice, que pronunciabas esas palabras y te miraban como si fueras un marciano: qué dices de género, será de sexo, te discutía todo el mundo. Sin embargo el concepto de género ya se utilizaba internacionalmente».
La Ley, dice Murillo, -que fue sectretaria de Estado de Igualdad en el gobierno de Zapatero-, ha supuesto claros avances al crear una Fiscalía y una red forense propias, poner las bases para la formación policial y para la creación de estructuras especializadas a la hora de defender a las mujeres que se enfrentan a la violencia machista.
Los XX años de la Ley Integral contra la Violencia de Género ha sido también el tema tratado en un acto organizado por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) celebrado este lunes con la presencia de algunas de las juristas más involucradas en la implementación y aplicación de los mecanismos contemplados en la regulación española. En el encuentro participan especialistas de la talla de María Luisa Segoviano, magistrada del Tribunal Constitucional; Teresa Peramato, fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer; Lucía Avilés, magistrada y vocal del CGPJ, cofundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España; y Tania García Sedano, presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos.
La vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, ha dicho en la inauguración que “este 25 de noviembre es una oportunidad para analizar el impacto que la Ley Orgánica 1/2004 ha tenido en la vida de miles de mujeres. Esta norma supuso un punto de inflexión en la respuesta institucional ante una de las violaciones de derechos humanos más devastadoras de nuestro tiempo, y desde la abogacía madrileña queremos poner en valor sus logros tanto como reivindicar todas las medidas necesarias para mejorar su efectividad”.
Precisamente una de esas medidas debería de ser la de agilizar los procesos judiciales, pues precisamente hoy, el Colegio de Abogados de Cádiz ha denunciado que un caso de violencia de género recientemente denunciado ha sido señalado para dentro de un año y medio. El colapso de los juzgados hace imposible que una Ley protectora para las mujeres pueda materializar su eficacia.
Sara Lagos