EL COMITÉ DE CRISIS PIDE MAYOR VIGILANCIA PARA DETECTAR EL RIESGO

SIETE DE LAS 9 MUJERES ASESINADAS EN JULIO CONVIVÍAN CON SU PAREJA
.- La reunión del Comité se produjo el 28 de julio, el mismo día en que fue asesinada Camila sobre las 8 de la tarde en Barcelona. Camila vivía con su pareja como en el caso de 7 de las 9 víctimas asesinadas en el último mes.
.-El agresor y pareja de Camila se entregó voluntariamente a los Mossos d’Esquadra tras huir del lugar de los hechos e incendiar el vehículo con el que escapaba. Aún no ha pasado a disposición judicial.
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La última víctima de la violencia machista, Camila Kellem, de 34 años, era madre de una niña y de un niño de 4 y 8 años. Se sitúa en el nº 32 de la macabra estadística de la violencia de género en 2026 y la 1.373 desde 2003. Su marido, que fue detenido, la asesinó el 28 de julio en Barcelona en el domicilio familiar donde estaban los menores, en el barrio de Sant Martí. El mayor de los hermanos salió del domicilio gritando y pidió ayuda a los vecinos, que avisaron a los servicios de emergencia. Tras el crimen, el vecindario se hizo cargo de los menores mientras se activaban los servicios de atención y protección.
Los agentes recibieron el aviso, a las 19.47, por una agresión en un domicilio de la calle de Andrade. Según la investigación, el presunto agresor aparcó su furgoneta frente al portal, subió a casa y apuñaló en reiteradas ocasiones a la víctima. Tras agredirla, abandonó a toda prisa la vivienda, se subió en la furgoneta y se dio a la fuga pero por poco tiempo porque, horas después, aparcó esta vez en el barrio de Navas y prendió fuego a la furgoneta, después se desplazó hasta la comisaría del Eixample de los Mossos d’Esquadra, en la capital catalana, donde se entregó pasada la una de la madrugada. Trasladado a las dependencias policiales de Les Corts, permanece en estos momentos detenido, hasta pasar a disposición judicial en las próximas horas o días.

Camila, de nacionalidad brasileña, trabajaba en labores de limpieza en un instituto y anteriormente lo había hecho en una panadería del barrio en el que vivían. La pareja llevaba unos 10 años junta. El hombre, de nacionalidad dominicana, trabajaba como vigilante de seguridad. Ambos eran asiduos a las misas de los domingos en una iglesia evangélica del barrio.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado el crimen machista y ha señalado que no existían denuncias previas sobre el feminicida.
Con los dos hijos menores de edad de Camila, el número de huérfanos por el asesinato de sus madres a manos de sus padres o de las parejas de sus madres se eleva a 22 en 2026 y a 532 desde 2013 (los mayores de edad no se incluyen en las estadísticas).
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CONCLUSIONES DEL COMITÉ DE CRISIS

El mismo día que fue asesinada Camila se reunía en Madrid el Comité de Crisis sobre violencia de género, convocado por el Ministerio de Igualdad y al que asiten representantes de Justicia, Interior, Fiscalía, CGPJ, comunidades autónomas y expertos. En esa reunión se analizaron 9 de los 10 asesinatos machistas ocurridos julio, porque el de Camila se conocería horas después.
Los responsables del sistema de lucha contra la violencia de género constataron una vez más que la mayoría de las víctimas convivían con el agresor, también que varias estaban iniciando o habían anunciado la ruptura de la pareja, que en muy pocos de estos casos había denuncias previas y que los meses de verano vuelven a concentrar un número elevado de feminicidios, por lo que se pidió reforzar la vigilancia y la coordinación institucional durante este periodo.
Más que modificar la normativa de protección de las víctimas, el comité formuló una serie de conclusiones y recomendaciones para mejorar la prevención tras constatar de nuevo que la convivencia con el agresor aparece como un factor de riesgo muy relevante. De las nueve mujeres asesinadas analizadas, siete convivían con su agresor y cuatro estaban en proceso de separación, una fase también identificada desde hace años como especialmente peligrosa.

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Dado que las víctimas que quieren retirar la denuncia o renunciar a medidas de protección no siempre actúan libremente, el comité pidió que jueces, fiscales y fuerzas policiales prioricen la evaluación del riesgo y la protección, teniendo en cuenta que la presión, el miedo, la dependencia económica o la existencia de hijos pueden condicionar esas decisiones.
Se puso de manifiesto además que en los casos analizados solo uno de los nueve contaba con una denuncia anterior. El comité insistió en que el entorno familiar, social y profesional debe implicarse más, ya que únicamente alrededor del 4,6 % de las denuncias son presentadas por terceras personas.
Como novedad, se pidió revisar todo lo relacionado con la retirada o flexibilización de medidas judiciales y estudiar con mayor cautela las solicitudes para levantar órdenes de alejamiento u otras medidas de protección, porque esa relajación puede incrementar el riesgo en determinados casos.
También se acordó mejorar la atención a los menores reforzando el acompañamiento psicológico y social a los hijos e hijas de las víctimas, tanto por el impacto traumático inmediato como para reducir el riesgo de reproducción futura de patrones de violencia.

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Y, por último, se aconsejó no cerrar automáticamente los procedimientos cuando el agresor se suicida. Se sugirió estudiar cambios para que estos casos sigan siendo investigados administrativamente, facilitando el reconocimiento de derechos y ayudas para los familiares y menores huérfanos.
En definitiva, en esta undécima reunión del socorrido pero poco eficaz comité se ha puesto sobre la mesa la necesidad prioritaria de incrementar la detección del riesgo que corren las posibles víctimas, un aspecto de consecuencias muy graves como se ha podido comprobar en varios de los asesinatos recientes al haber sido estos riesgos minimizados por cualquiera de las partes, sea judicial, policial o social. Mantener las medidas de protección cuando existan indicadores de peligro y aumentar la implicación del entorno y la coordinación entre los distintos operadores para detectar situaciones de violencia antes de que desemboquen en un asesinato son objetivos prioritarios.
SOS VIOLENCIA DE GÉNERO
El 016 atiende a todas las víctimas de violencias machistas las 24 horas del día y en 52 idiomas. También el correo 016-online@iguadad.gob.es. En Whatsapp en el 600000016 y en el chat online desde la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia Machista.
Si una mujer se encuentra en una situación de emergencia también puede llamar al: 112 Emergencias, 091 Policía Nacional y 062 Guardia Civil. Si no puede llamar, puede recurrir a la aplicación Alertcops, que envía una alerta con su ubicación a las fuerzas de seguridad.
Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordo ciegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Al 112 con la app 112Accesible. Al 091 y 062 con SVIsual y con la app AlertCops. Los menores también pueden dirigirse al teléfono de la Fundación Anar: 900202010.
Mujeres del Sur
El Comité de Crisis contra la Violencia de Género en Mujeres del Sur:
https://https://mujeresdelsur.es/comite-de-crisis-contra-la-violencia-de-genero-2/
La violencia de género 2026 en Mujeres del Sur:
https://https://mujeresdelsur.es/violencia-de-genero-2026-2/