SANDRA PEÑA VÍCTIMA DEL BUILLYING
UNIFICAR PROTOCOLOS Y MODICIFICAR LA LEY DEL MENOR
.-El suicidio de la niña sevillana de 14 años, Sandra Peña, el pasado 14 de octubre, pone de manifiesto la ausencia de protocolos actualizados, con medidas imprecisas y desiguales según cada comunidad autónoma.
.-La familia de Sandra denunciará al colegio por respuesta inadecuada y no aplicar el protocolo antiacoso. La Fiscalía abre expediente investigador al colegio y a las tres alumnas presuntamente acosadoras de la niña.
.-Asociaciones especializadas piden también que la Ley del menor contemple el acoso escolar como delito.
.-Este caso ha generado una fuerte indignación social en Sevilla y en toda España, y evidencia la necesidad de que existan recursos reales de prevención, de intervención temprana, de seguimiento y de apoyo psicológico.
Por Sandra Lagos
La familia de la niña Sandra Peña no ha querido ocultar su imagen para que la sociedad lo entienda, como dice su tío Isaac Villar, como una una forma de denunciar: «El acoso escolar ha hecho que esa carita deje de estar con nosotros». La cara de Sandra es la de una niña alegre, cariñosa, sociable que llevaba desde la pasada primavera sufriendo el hostigamiento de tres compañeras del Colegio Las Irlandesas de Loreto de Sevilla.
Su madre y su hermano conocían lo que estaba sucediendo y de hecho, lo comunicaron al colegio hasta en dos ocasiones. La primera antes del verano y la segunda después, concretamente a principios de septiembre tras comprobar que la angustia de Sandra aumentaba al inicio del curso. La madre salió contenta de esa entrevista con el equipo escolar pero más tarde comprobaría que las medidas adoptadas por el centro se limitarían a separar de clase a las tres compañeras acosadoras y que fueron a todas luces insuficientes, las chicas continuaron atacándola y Sandra acabó por quitarse la vida el 14 de octubre.
Desde entonces, según el portavoz de la familia y tío de Sandra, Isaac Villar, la familia no ha recibido comunicación alguna del colegio hasta esta semana en la que le llegó un correo electrónico «lleno de buenas intenciones y de contenido impersonal, aunque ojalá se cumplan», dice.
La indignación social, las protestas y las pintadas han ido creciendo en los últimos días. Mientras la Consejería de Educación se plantea si mantener o no el concierto del colegio -al ser privado no puede cerrarlo- la familia ha decidido denunciarlo para que la Ley depure todas las responsabilidades. En este sentido actúa ya la Fiscalía de Menores de Sevilla tras abrir dos investigaciones: una sobre las menores implicadas, que será un expediente de reforma juvenil, evitando el señalamiento público de las niñas y otra al colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, que incluye una inspección educativa por la inactividad ante el acoso escolar del centro. El colegio ha emitido recientemente un comunicado en el que manifiesta su «profunda consternación» por todo lo sucedido aunque sin aclarar qué fue lo que falló que provocó el fatal desenlace:
COMUNICADO DEL COLEGIO IRLANDESA DE LORETO DE SEVILLA
Estamos profundamente consternados por el fallecimiento de Sandra. El profesorado, sus compañeros y compañeras y toda nuestra comunidad educativa acompañamos a su familia en el dolor profundo por el que están atravesando.
Nos gustaría pedir cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación. Nuestro colegio cuenta con 50 profesionales y 760 alumnos y alumnas, muchos de ellos llevan con nosotros toda su vida escolar. Nuestra obligación es protegerlos de comentarios y situaciones que pueden ser altamente perjudiciales para ellos.
Por ello, pedimos que cese cualquier situación violenta como las que se han producido en las inmediaciones de nuestro colegio. Cualquier acción de este tipo está perjudicando a nuestros niños y niñas, todos ellos menores de edad.
Nuestra prioridad es velar por nuestro alumnado y sus familias en un momento tan delicado. El equipo de Orientación y de Bienestar Emocional están atendiendo de manera especial a nuestros estudiantes. Además, como no podría ser de otra manera estamos colaborando con las autoridades competentes que, como ocurre en cualquier caso de este tipo, está investigando lo sucedido. El Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial (GRUME) de Sevilla nos ha pedido evitar dar cualquier tipo de información sobre el caso.
Francisco de Paula Suárez
Dirección General del Colegio Irlandesas Loreto
ACTUALIZACIÓN LEGAL Y UN PROTOCOLO ÚNICO
La familia de Sandra coincide con el colegio en que no quiere que se genere más violencia social en torno al caso, pide también contención en las redes para no entorpecer la investigación y sobre todo exige que se depuren responsabilidades y se modifiquen las leyes y protocolos de forma que un caso como el de Sandra no vuelva a producirse.
Miles de niñas y niños sufren a diario este bullying en centros escolares de nuestro país. Especialistas en el asunto insisten en la necesidad de «un protocolo único» porque «no puede haber diecisiete» según cada comunidad autónoma, según denuncia Carmen Guillén, presidenta de la Asociación Salmantina Contra el Bullying y el Ciberbullying (ASCBYC). Esta asociación es contundente: «el acoso escolar debería estar tipificado como delito, denunciando la falta de una normativa clara que ampare a las víctimas y la carencia de un protocolo nacional eficaz para su prevención e intervención». Guillén lamenta que, pese al incremento de casos desde edades cada vez más tempranas, el sistema jurídico y educativo actual sigue sin ofrecer respuestas adaptadas a la situación real.
En Francia, Brasil y México el acoso se considera un delito penal. La presidenta de la asociación antibullying denuncia que el asunto en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia «no se está aplicando con la rigurosidad que se requiere, dejando a la infancia completamente desprotegida». La ley del menor permite que hasta los 14 años sean penalmente intocables, pero muchos de ellos/as vuelven a reincidir: «Tal vez no funciona bien la ley. Ya hay jueces y fiscales que dicen que se debe actualizar porque está obsoleta. Si los/las menores saben que el acoso es un delito puede resultar disuasorio», dice Carmen Guillén.
No hay un perfil sobre acosadores/as o acosados/as, como tampoco hay una atención determinada hacia colectivos vulnerables, algo que se echa de menos, según Carmen Guillén, en los protocolos actuales.
EL COLEGIO JUEZ Y PARTE
El acoso escolar, como delata la injusta muerte de Sandra, va más allá de un asunto individual. Requiere, por parte de la familia, dice el tío de Sandra, «una educación de nuestros hijos/as en valores de empatía social y respeto» y, desde las instituciones educativas, mayor implicación, decisión, comunicación y transparencia, junto con un «arbitraje independiente», como recuerda la presidenta de ASCBYC, para que al tiempo que obliga al centro evite posibles compromisos, «pues el colegio no puede ser juez y parte».
El acoso es un problema que no debe silenciarse ni normalizarse. Numerosas asociaciones se concentrarán en Madrid el próximo día 6 de noviembre para exigir una actualización legal que ayude a frenar esta lacra del bullying que convierte la infancia y la adolescencia en un verdadero infierno.