por Inés Bonilla.
Me gustaría hacer énfasis en el reportaje de Mujeres del Sur titulado “El parlamento andaluz contra el lenguaje inclusivo” en el que se denuncia el acuerdo al que han llegado PP, Ciudadanos y Vox, para «revisar» el material didáctico de uso en la enseñanza en Andalucía, para someterlos a las estrictas normas lingüísticas de la Real Academia Española, obviando la sensibilidad social hacia la justicia que supone la visualización de los términos en femenino, y ¡obviando igualmente leyes de ámbito autonómico, estatal y europeo!
No puedo negar que requiere de mi un esfuerzo tener que evitar el lenguaje sexista, y que en multitud de ocasiones no lo consigo. Pero tengo claro que esto me ocurre porque fui educada en una sociedad en la que todo estaba representado por el hombre: la autoridad familiar, el desempeño de cargos en la sociedad, el manejo del poder y la economía, y hasta la voluntad de las mujeres… y por supuesto !el lenguaje!
Yo me imagino que cuando empecé a usar ese lenguaje sexista, mi cerebro lo rechazaría continuamente, pero nada como la educación para conducir las voluntades, así que, como todas, acepté verme reconocida en !sufijos plenamente masculinos! Es por eso, por lo que es tan importante hacer justicia desde el principio, usando un !lenguaje acorde con nuestra situación social de reconocimiento de la igualdad entre sexos! Y es por eso, por lo que es tan importante, para los que quieren frenar ese avance, ir en contra de lo establecido por las leyes que lo garantizan! Así sobre el proceso en su parte más sensible, y en lo que tiene más repercusión: en !!la educación!!!
!Me entristece mucho ver que un acuerdo se sobrepone a unas leyes, no me parece propio de un país democrático! Las leyes y normas que nos rigen son el final de un proceso plenamente democrático, en el que se recoge un sentir o una necesidad social, a la que numerosos expertos dan forma legal, y luego se contrastan mediante discusiones y negociaciones, atendiendo a los matices de las distintas visiones de la sociedad, representadas por los distintos partidos, lo que finalmente culminan con la aprobación de la ley en la cámara que representa al pueblo. Pues todo ese proceso, puede verse eliminado por un acuerdo entre partidos, que solo responde a los intereses particulares de los negociantes, y que tiene el primordial objetivo de conseguir !!!votos!!!
En democracia, las actuaciones del estado y las instituciones deberían regirse por aquellas iniciativas que posean más peso democrático, es decir, que requieran en su elaboración de la máxima participación para asegurar su amplia acogida y asimilación. Las imposiciones, por parte de sectores minoritarios, de acuerdos que contravengan nuestras leyes, deberían ser !!rechazadas por la sociedad!!
(Inés Bonilla es bióloga)
