LOS ABUSOS EN CENTROS DE MENORES TUTELADOS Y COLEGIOS DELATAN EL FALLO DEL SISTEMA
.-El caso de la niña de 12 años, custodiada por la Generalitat de Cataluña, que durante dos años fue violada y explotada sexualmente por un pederasta, levanta ampollas y hace estallar el sistema de protección a la infancia utilizado por las instituciones.
.-En el centro de Menores de la Comunidad de Madrid del barrio de Usera otras dos niñas denunciaron abusos y agresiones sexuales continuadas durante año y medio por parte de otros menores. El director hizo oído sordos y no se abrió una investigación por parte de la Comunidad de Madrid hasta que 4 educadoras apoyaron a las víctimas que también denunciaron en TV. De momento los agresores, también menores, han sido trasladados del centro.
.- En el el país vecino, Francia, la hija mayor del primer ministro François Bayrou ha denunciado los abusos sufridos cuando estudiaba en el colegio católico de Notre-Dame de Bétharram, sumándose a lo delatado por otras víctimas. Su padre, que entonces era ministro de Educación dice no haberse enterado hasta ahora, cuando su hija tiene 53 años y lo ha contado en un libro.
.- La Defensora del Pueblo de Cataluña asegura que el sistema de protecció a los menores y a la infancia se ha quedado «un poco obsoleto» y ha abierto una investigación de oficio sobre el caso del centro tutelado por la Generalitat.
Por Sara Lagos
¿Qué está fallando en los protocolos de protección y atención a menores? ¿Cómo es posible que profesionales supuestamente formados en la defensa y el amparo a los más vulnerables no detecten, eludan, prefieran desentenderse o incluso sean ellos mismos quienes practiquen agresiones y abusos contra menores bajo su supervisión en centros de acogida o instituciones educativas? ¿Cómo hacer para proteger a nuestros menores de sus protectores?
Esas son las preguntas que se hace buena parte de la sociedad española tras las recientes denuncias de niñas que han sido víctimas de agresiones sexuales cometidas en los centros de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat de Cataluña. Centros que no son los únicos -que se sepa- donde se perpetran tales delitos, como nos lo recuerda desde hace tres años el caso de la menor agredida en una institución de acogida de la Comunidad Valenciana, por el que está condenado el exmarido de la entonces vicepresidenta y lideresa de Compromís, Mónica Oltra, que va a ser procesada presuntamente por encubrirlo.
«EL PÉLICOT CATALÁN»
La Generalitat catalana ha abierto una investigación junto con un expediente informativo a su Dirección general de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), para aclarar por qué no actuó a tiempo ante los abusos sufridos por la niña desde que tenía 12 años y que estaba bajo su tutela. El caso de esta menor, conocido como «el Pélicot catalán», revela que fue captada y abusada durante años por una trama bajo cuyo mando actuaba un electricista de 40 años, Teófilo L.M.
La denuncia partió de uno de los cómplices de Teófilo a quien este ofreció relaciones con la menor que hoy tiene 15 años. Estábamos en 2021 y esta denuncia permitió la primera detención del electricista, que volvería a ser apresado en dos ocasiones más entre 2022 y 2024. La consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mónica Martínez, va a comparecer en el Parlament donde tendrá que explicar qué pasó con el expediente que al parecer,dice, se abrió en 2021, y que sin embargo no ha impedido que la víctima cuando cumplió los quince, se fuera a vivir con un adulto de 25 años, vulnerando el Código Penal, que prohíbe cualquier relación sexual entre menores y adultos, con independencia del supuesto “consentimiento”. La Fiscalía pide 107 años para el pederasta que será juzgado en 2026.
NOCHES DE INFIERNO EN UN CENTRO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Otro caso conocido recientemente tras ser denunciado por las víctimas en La Sexta nos lleva un centro de menores tutelados de Usera, en la Comunidad de Madrid. Las menores afirmaron que sufrieron abusos y agresiones sexuales por parte de otros menores también internados en la misma institución y que pusieron los hechos en conocimiento de la Dirección. Sin embargo el responsable del centro no valoró lo suficiente estas denuncias y las menores dicen que siguieron viviendo otras 480 noches más de «infierno», al seguir conviviendo con el último de los presuntos agresores.
Cuatro miembros del equipo de educadores sociales a los que acudieron también las niñas, corroboraron igualmente en La Sexta la inacción de la Dirección del centro : «Él nos dijo que, si escuchábamos algo relacionado con abusos, no era más que una tontería que iban diciendo las niñas. Que los chicos andaban molestándolas, picándolas. En ningún momento habló de agresiones sexuales como las que conocimos mucho después».
El caso se remonta a 2023, -en septiembre las niñas se reunieron con su director- pero la denuncia policial se formalizaría en diciembre de 2024, tras ser apoyadas y aconsejadas esta vez por las trabajadores sociales. Una de las menores contó ante las cámaras que eran sometidas a un «juego invisible» en el que el «trofeo éramos las chicas». Aseguró que al director le contó «lo de los besos» y lo de las noches en que uno de los menores agresores «se colaba en mi cama cuando me había tomado las pastillas para dormir, lo de las metidas de mano, lo de dejarme encerrada en la habitación hasta que hiciese lo que él quería». Aclara que le contaron todo menos «lo de las violaciones» que también sufrieron. Pero no sirvió de nada.
La Comunidad de Madrid ha abierto su propia investigación mientras sigue la policial en la que una de las víctimas ya ha declarado ante la Fiscalía de Menores. El único de los acusado de esta agresiones sexuales que aún vivía en el centro cuando se denunciaron los hechos en comisaría ya ha sido derivado a otro centro de acogida.
«EL SILENCIO DE BÉTHARRAM»
Así se llama el libro publicado por Alain Esquerre, en el que relata por haber sido una de las víctimas, los abusos contra menores que se han cometido en un internado católico del sudoeste francés, «Notre-Dame de Bétharram». El libro también recoge el testimonio de otras de las alumnas de aquel colegio, H. Perlant, la hija mayor del primier ministro francés, François Bayrou: «Me callé durante 30 años», ha declarado Parlant a ‘Paris Match’. «Puede que quisiera proteger a mi padre inconscientemente, creo, de los golpes políticos que estaba recibiendo a nivel local».
Hoy Hélène Perlant tiene 53 años, y cree que cuando los hechos sucedieron, durante su niñez, su padre -que entonces era presidente del Consejo General del departamento (equivalente de la diputación provincial) y después ministro de Educación– no sabía lo que estaba ocurriendo en la institución religiosa de Bétharram: «Obviamente, uno podría pensar que él tenía toda la información», dice. «Pero yo le pongo al mismo nivel que al resto de padres. Cuanto más implicado estás, menos ves, menos entiendes».
Pero es que además, Elisabeth Bayrou, esposa del primer ministro, era profesora en esa época en el establecimiento, y debía estar al tanto de la cultura de violenta y la disciplina feroz que imperaba en el centro, pues varios de su colegas denunciaron estos abusos en 1994.
Bayrou, que asumió el cargo de Primer Ministro del país galo el pasado mes de diciembre, compareció el pasado miércoles en el Parlamento ante la comisión de investigación creada para aclarar porqué no se atendieron por parte de las autoridades las denuncias de alumnos del internado que se han venido formulando durante décadas.
Bayrou ha dicho que «Todo lo que sabía, lo supe por la prensa». Sin embargo el caso se le ha complicado por que su propia hija ha revelado que conocía desde «hace décadas» que su padre había hablado con un juez, Christian Mirande, instructor de la investigación por una supuesta violación cometida por uno de los religiosos del centro. Y lo mismo ha corroborado el propio juez Mirande. En total han sido 25 años de silencio.
¿DÓNDE FALLA EL SISTEMA?
¿Cómo termina una menor bajo la tutela de una comunidad autónoma, como es el caso de la Generalitat, siendo víctima de un pederasta? ¿Por qué no toma medidas el director de un centro tutelado, como ha sucedido en la Comunidad de Madrid, cuando dos menores le denuncian las agresiones sexuales que han sufrido por parte de compañeros intenados en el centro? ¿Cómo un Ministro de Educación francés, hoy Primer Ministro, puede ignorar durante durante 25 años los abusos cometidos contra el alumnado precisamente en el centro educativo al que iban sus hijos y su esposa era profesora? ¿Son incapaces las instituciones de proteger a sus menores tutelados? Está claro que no es algo nacional, los déficits se producen también allende nuestras fronteras.
Hasta ahora la única respuesta oficial a estos interrogantes, en nuestro país, la ha dado la Síndica de Greugues (Defensora de las Personas) de Cataluña, Esther Giménez-Salinas que para el caso del centro tutelado catalán ha abierto una investigación de oficio. Pide que se aborden los déficits que este caso ha puesto de manifiesto y ha reconocido que el el sistema de protección a la Infancia está «un poco obsoleto». La síndica recuerda que «el objetivo del sistema de protección es precisamente proporcionar a los menores un entorno alternativo a la familia que sea seguro, protector y educativo». Algo que ya sabíamos.
El Defensor del Pueblo ha instado a revisar y aplicar de forma eficaz los protocolos de prevención y detección de abusos en todos los centros de menores tutelados, pero la respuesta más concreta y contundente hasta ahora la dado en RNE la catedrática de Victimología de la Universidad de Barcelona, Noemí Pereda: «Hay solo un camino para la protección de la infancia, que es que el niño crezca en una familia que pueda permitirle desarrollarse en todo su esplendor». Eso ya es otro cantar.
Informe:
DESDE 2019, MÁS DE UN MILLAR DE CASOS DENUNCIADOS EN CENTRO TUTELADOS DE ESPAÑA Y DECENAS EN CENTROS EDUCATIVOS E INSTITUCIONES RELIGIOSAS
Desde 2019 se han denunciado más de 1100 casos de menores tutelados por las comunidades autónomas que habrían sufrido abusos sexuales. Aunque las estadísticas no son uniformes, estos son algunos de los ejemplos que reflejan las más de mil denuncias:
La Generalitat de Cataluña, entre 2019 y 2023, ejerció la acusación particular en 458 denuncias por abusos sexuales a menores bajo su tutela, con 50 sentencias condenatorias, lo que representa aproximadamente una de cada nueve denuncias. En 2025, se destapó una red de pederastia en Barcelona, conocida como el caso del «Pelicot catalán», que ha impulsado la necesidad de revisar toto el sistema de protección de menores.
En la Comunidad Valenciana, entre junio de 2020 y junio de 2021, se registraron 175 denuncias por abusos sexuales a menores protegidos por la Generalitat, 127 correspondían a menores en acogimiento residencial y 48 en acogimiento familiar. Antes, desde 2016 a 2019, 718 menores tutelados por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas recibieron atención psicológica por haber sufrido abuso sexual y/o explotación sexual.
En Baleares, en diciembre de ese mismo año, se destapó a través del conocido como Caso Mallorca -centrado en una violación grupal a una menor de 13 años- la existencia de una red de explotación sexual que afectaba al menos a 16 menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Se reveló que algunas menores eran prostituídas a cambio de drogas o dinero, y que esta situación era conocida por trabajadores de los centros.
En la Comunidad de Madrid, entre 2022 y 2023, se registraron 69 denuncias por abusos sexuales en centros de menores tutelados. En algunos casos, los abusos fueron cometidos por otros menores residentes, y se ha denunciado la falta de actuación adecuada por parte de los responsables de los centros.
En el Principado de Asturias, entre los casos recientes, en mayo de 2024, se detuvo a 12 hombres por presunta explotación sexual de cinco menores tuteladas, de entre 13 y 17 años. La investigación sigue abierta, con al menos un detenido en prisión preventiva. En 2022 y 2023 se analizaron 402 expedientes de menores en situación de riesgo y se retiraron 55 tutelas por abusos sexuales en el entorno familiar. La mayoría de las víctimas tenían entre 7 y 11 años, aunque también se protegió a niñas menores de tres años.
En el País Vasco (Bizkaia) entre 2017 y 2022, se registraron 31 denuncias de menores bajo la tutela de la Diputación por delitos contra la libertad sexual. En 2023, se instruyeron tres atestados por casos ocurridos en centros de protección.
En Andalucía, en instituciones religiosas la Fiscalía comunicó 7 procedimientos abiertos por abusos sexuales a menores. En centros educativos se investigan al menos dos casos de abusos sexuales en un colegio de Granada (2024), siendo los presuntos agresores menores de 14 años.
En Extremadura, los delitos de abusos y agresiones sexuales contra menores de edad han aumentado en el último año un 66%, aunque no se especifica sufrido por menores tutelados. Según un informe de la Fundación ANAR, el 52,6% de los casos de abusos sexuales a menores en Extremadura concluye sin sentencia, debido principalmente a la falta de pruebas. .
En la Rioja, en 2021, se registraron 7 agresiones sexuales a menores tutelados.
En Aragón, la Fiscalía comunicó 2 procedimientos abiertos por abusos sexuales a menores en instituciones religiosas en 2022.
En Galicia, la Fiscalía abrió 7 procedimientos por abusos sexuales a menores en instituciones religiosas en 2022.
En Castilla y León, en instituciones religiosas se abrieron 5 procedimientos por abusos sexuales a menores (2022) y en centros tutelados se detectaron 15 casos de violencia sexual -2 ocurrieron en la provincia de León- en 2023.
En Castilla-La Mancha, en instituciones religiosas se abriero por la Fiscalía 5 procedimientos por abusos sexuales a menores (2022). Y según el Defensor del Pueblo, se detectaron 15 casos de abusos sexuales a menores bajo tutela en 2023.
En Canarias, en 2015, se desmanteló una red de explotación sexual de menores en Gran Canaria, denominada “18 Lovas”, que captaba a adolescentes, muchas de ellas tuteladas, para prostituirlas.
En Murcia, en marzo de 2024, la Policía Nacional desarticuló una red de prostitución que captaba a menores tuteladas por la comunidad autónoma para explotarlas sexualmente. En 2014, se desmantelaron tres redes de trata de menores donde adolescentes, muchas de ellas tuteladas, eran explotadas sexualmente.
En Navarra, desde 2019, aproximadamente 50 menores tutelados por el Gobierno autónomo han denunciado abusos sexuales. Estas denuncias incluyen casos ocurridos en sus familias de origen, en los propios centros de tutela y casos de explotación sexual. Y en 2025, la congregación de los Salesianos indemnizó por primera vez a una víctima de pederastia en Navarra, en un gesto significativo dentro del proceso de reparación impulsado por la Iglesia navarra.
En Cantabria, en mayo de 2025, se inauguró un centro de acogida específico para víctimas de violencia sexual, el primero de su tipo en España, proporcionando alojamiento, manutención y apoyo emocional a mujeres mayores de 16 años y sus hijos.
En Ceuta, desde 2018 se han contabilizado varios casos de abusos sexuales a menores en colegios de la localidad, Instituto Lope de Vega (2020) y Colegio San Agustín (2022), con profesores de sendos centros inhabilitados y condenados. El Ministerio de Educación tuvo que indemnizar a las víctimas.
En Melilla se han denunciado varios casos de abusos a menores en centros de estancia temporal de inmigrantes, así como en el centro educativo residencial de menores tutelados.
Mujeres del Sur