LA VICEPRESIDENTA DE LA GENERALITAT VALENCIANA Y CONSEJERA DE IGUALDAD DEBERÁ DECLARAR COMO INVESTIGADA POR ENCUBRIMIENTO DE LOS ABUSOS DE SU EX MARIDO CONTRA UNA MENOR.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha citado a la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, a declarar en calidad de investigada el próximo 6 de julio por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.
La Sala de lo Civil y Penal se declara competente para instruir la causa contra la también consellera de Igualdad y otros 13 investigados tras la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia.
El Tribunal aprecia “una serie de indicios plurales” que “hacen sospechar la posible existencia de un concierto” entre la aforada y diversos funcionarios para “proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada”
LOS HECHOS SUCEDIERON ENTRE 2016 Y 2017.
Se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra, entre los años 2016 y 2017. El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV.
Tras la condena, la menor denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos. Después se imputó a cinco personas mássien en total 13 personas investigadas. .
El Tribunal ha tomado en consideración no sólo la causa contra Oltra, sino también la del resto de personas investigadas, entre las que figuran altos cargos de la Conselleria y trabajadores del centro de menores donde ocurrieron los hechos. Considera que existe en en todos ellos «una conexidad inescindible»,con la finalidad, o bien de «proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada”, por lo que la cita a declarar el 6 de julio. En el mismo auto, los magistrados señalan: “cierto que no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada”, aunque consideran que los indicios “hacen pensar que fueron orquestados precisamente con ese fin”.
El TSJCV entiende que resulta procedente incoar diligencias previas, «con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario».
La imputación procede de una denuncia de la víctima, que ahora es mayor de edad, y que está representada npor el líder del partido ultra España 2000, José Luis Roberto, y de otra querella, presentada por la cofundadora de Vox, Cristina Seguí, a través de la asociación Gobierna-Te. Vox también se ha personado en la causa.
M. del S.