LAS DENUNCIAS DE LAS VÍCTIMAS ACABAN CON LA IMPUNIDAD DE DECENAS DE AGRESORES SEXUALES
Por Nani Carvajal
Desde el poder institucional al deporte de base; en la Policía, en la Guardia Civil, en las embajadas; desde el partido a la Administración local, provincial, regional… y nacional. No hay estamento que esté a salvo del acosador sibilino que sabiéndose poderoso se cree con derecho a abusar de las mujeres que tiene a su alrededor o bajo su cargo, cuando no de menores, y a utilizar el chantaje laboral para establecer el silencio y blindar su delictivo comportamiento. Sin embargo parece que esa impunidad de la que han gozado históricamente este tipo de personajes empieza a resquebrajarse por la pérdida del miedo a denunciar que estamos comprobando por parte de las víctimas.
Los trenes , desde su realidad o como símil, han marcado buena parte de la actualidad patria en los últimos meses. Al caos ferroviario que ya venía siendo tradicional le siguió el trágico accidente de Adamuz y después las naturaleza nos castigó con un tren de borrascas que devastó campos y municipios, especialmente en Andalucía. Pero no sería ese el último tren fatídico que nos acechaba porque en la distancia divisábamos, ya desde hacía meses, otro convoy cuyo traqueteo un día sí y otro también nos llenaba de espanto. Es el tren de los numerosos casos de acosos y abusos sexuales que nos avinagra la actualidad y nos conduce inevitablemente a la única estación posible, la del Juzgado de Guardia o de la Fiscalía, si lo prefieren.
España atraviesa un período en el que la delincuencia sexual -presunta, claro- en las instituciones sociales y políticas que nos rodean copa a diario titulares y genera alarma social. Pero las revelaciones de actos punibles atribuidos a mandos policiales, diputados, alcaldes, deportistas y entrenadores de menores, han puesto de manifiesto en las últimas semanas que el poder empieza a no ser garantía de impunidad.
LA POLICÍA BAJO ESCRUTINIO:
EL DAO: JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ
La Policía Nacional ha vivido un terremoto institucional con la acusación y posterior dimisión de su Director Adjunto Operativo (DAO) y la investigación de otros mandos por acoso o agresión sexual, al tiempo que la ciudadanía era testigo de la maliciosa gestión que se hacía con las denuncias internas y de la inexistencia de protocolos eficaces que protejan a las víctimas.
El escándalo comenzó con la denuncia de una inspectora contra el DAO José Ángel González Jiménez, por una presunta agresión sexual acompañada de coacciones y abuso de superioridad, hechos que habría cometido contra ella en el ejercicio de su cargo el 23 de abril de 2024. La denuncia fue puesta por la víctima en enero pasado y admitida a trámite por el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid,, lo que obligó a González a dimitir y abandonar su puesto el pasado 17 de febrero, tras conocerse que estaba citado a declarar el próximo 17 de marzo.
El caso ha generado una crisis interna institucional sin precedentes. Partidos y sindicatos han pedido sin éxito la dimisión del ministro del Interior que se ha visto obligado a reconocer que los protocolos anti acoso fallaron y se “requieren mejoras profundas”, carencias que llevaron a la agente denunciante a plantear el asunto directamente ante los tribunales.
Además, el abogado de la víctima ha afirmado que ha recibido y está estudiando cuatro nuevas posibles denuncias de abusos contra otros mandos policiales cuyas investigaciones colaterales se han iniciado.
EMILIO DE LA CALLE:
En la Audiencia Nacional se encuentra también en investigación el caso del excomisario, Emilio de la Calle, acusado de presunta agresión sexual y acoso sexual y laboral. Los hechos se remontan a cuando el mando estaba destinado en en la embajada española en la India. La denuncia, respaldada por grabaciones de insultos, amenazas explícitas y un beso no consentido, -todo ello revelado por el diario «El País» el pasado 27 de febrero- dio lugar al cese, suspensión de empleo y sueldo y a una querella contra el excomisario.
Estos son los audios que han conmocionado a la audiencia y han alertado a los sindicatos policiales sobre la posibilidad de que este no fuese un caso “aislado” en destinos diplomáticos, y que otros similares hayan podido producirse sin llegar a una investigación judicial pública.
DOS MANDOS POLICIALES EN OTRA EMBAJADA:
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Y otra embajada española, esta vez en el norte de África, fue en febrero de 2023 el escenario de los presuntos delitos que en estos momentos están siendo investigados por la Audiencia Nacional tras admitir a trámite la Fiscalía la denuncia presentada por la víctima, igualmente funcionaria policial, el 30 de agosto de 2024. Fue con ocasión de una comida entre varios miembros del cuerpo cuando la víctima sufrió una presunta agresión sexual por uno de los mandos y pidió ayuda sin éxito a otro compañero superior jerárquico que le contestó: «En el tema de los abusos no me meto, vosotros sabréis».
Los acusados son A.Y.M., a quien los escritos del fiscal y de la acusación particular atribuyen posibles delitos de acoso laboral, lesiones y agresión sexual y le piden hasta 7 años de prisión y, J.P.L.C., procesado por acoso laboral y lesiones y para el que se solicitan 6 años de prisión, además de una indemnización conjunta y solidaria de 25 000 € por lesiones psicológicas y daño moral a la denunciante. Este mes deberán comparecer ante la Audiencia los dos expolicías
ACOSO EN LA ADMINISTRACIÓN:
EN EL CNIO:
En el ámbito de las instituciones científicas, hemos también conocido hace pocos días el caso relacionado con el gerente del Centro Nacional de Investigación Oncológica Carlos III (CNIO), José Manuel Bernabé, denunciado por acoso sexual y laboral por parte de la ex secretaria general del centro. La denuncia describía mensajes personales inapropiados y un trato que, según ella, le resultó “cada vez más incómodo e inseguro” en el trabajo. El Ministerio de Ciencia pidió al patronato del CNIO el cese de Bernabé, condenando públicamente los hechos y subrayando que tales comportamientos son “incompatibles con una institución de investigación de primer nivel”.
POLÍTICOS DENUNCIADOS POR ACOSO
JOSÉ TOMÉ (PSOE) (MONFORTE DE LEMOS)
En el capítulo de los políticos entramos en un suma y sigue que no entiende de siglas ni de ideologías. Entre las novedades tenemos que destacar que la Fiscalía Provincial de Lugo se ha querellado contra el dimitido presidente de la Diputación y todavía alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, a raíz de una denuncia de acoso sexual en el ejercicio de su función pública. Tomé ya fue denunciado por lo mismo en septiembre de 2025 por seis compañeras de su partido, que formularon sus acusaciones a través del canal interno del PSOE, si bien ahora una de ellas ha decidido judicializar el caso que, al pasar a la vía penal, lleva al partido a suspender el procedimiento interno.
MANUEL BAUTISTA (PP) (MÓSTOLES)
En Móstoles (Madrid), una exconcejala del PP denunció al alcalde, Manuel Bautista, de su mismo partido, por presunto acoso laboral y sexual. A pesar de que la oposición ha pedido su dimisión y ha reprobado su conducta, el Ayuntamiento rechazó crear una comisión de investigación interna. Bautista por su parte niega las acusaciones y ha decidido no marcharse del cargo porque se trata, dice, de “bulos” y de una revancha contra él.
La exedil ha decidido finalmente presentar denuncia formal y querella judicial, lo que ha generado tensiones políticas en el municipio y una gran presión mediática, pues el PP ha sido también acusado por la víctima y por los partidos de la oposición, de no haber prestado la protección que se le solicitó cuando se denunciaron internamente los hechos. El PP se defiende diciendo que su actuación ha sido impecable porque solo le consta una denuncia recibida «por asuntos laborales» que debían ser resueltos, asegura, por el propio Ayuntamiento. El abogado de la víctima insiste en que primero hubo acoso sexual que, al no ser correspondido, derivó en acoso laboral.
ANTONIO NAVARRO (PSOE) (TORREMOLINOS)
Y enMálaga se complica el caso del ya exedil deTorremolinos acusado de presunto acoso sexual contra una compañera. Antonio Navarro, será investigado por la Justicia tras apreciarse indicios de delito en lo denunciado por su colega. Los hechos se conocieron el pasado mes de diciembre sin que la dirección del PSOE malagueño, que ya estaba al corriente, solicitase la suspensión de militancia del edil, algo que que solo hizo cuando trascendió la investigación fiscal. Este caso ha sido puesto como ejemplo por parte de mujeres socialistas de la ineficacia de los protocolos anti acoso del partido, exigiendo que deben ser mejorados para que se actúe con mayor celeridad en la protección de las víctimas.
DIEGO MANUEL AGÜERA (PSOE) (LA ALGABA)
El ya dimitido alcalde de La Algaba (Sevilla) dice ser víctima de una injusticia «tan grande como falsa», después de haber sido denunciado por acoso sexual en las redes sociales contra un menor, alumno de la Escuela Municipal de Tauromaquia. Pese a negar los hechos,Agüera dejó sus cargos el pasado 24 de febrero y cesó voluntariamente de militancia en el PSOE aunque se ha mantenido como vicepresidente deSevilla Activa, una oficina para la Vivienda de la Diputación Provincial.
La Fiscalía ha acordado la apertura de diligencias y la investigación penal para que se esclarezcan los hechos denunciados, lo que implica que el caso está judicializado y en fase de instrucción. El exalcalde dice que confía en restablecer su honorabilidad y en poder volver al partido.
JOSÉ IGNACIO LANDALUCE (PP) (ALGECIRAS)
Y, finalmente, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido archivar la denuncia interpuesta por el PSOE contra el alcalde de Algeciras y senador, Jose Ignacio Landaluce, del PP. Estaba acusado de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso y abuso sexual. Sin embargo, se ha acordado el archivo de las diligencias abiertas tras no apreciar el fiscal indicios suficientes de delito. Landaluce ha asegurado sentir “paz, tranquilidad y alivio”, pero aún no ha decidido si volverá a pedir el alta en el Partido Popular:“No quiero que a mi partido le puedan atacar a las puertas de unas autonómicas”, ha explicado.
EXEDIL DE BENACAZÓN (PSOE) (SEVILLA)
Hace unos días, la Policía Nacional detenía a un exconcejal del PSOE de Benacazón (Sevilla), identificado por las iniciales F. P., que trabajaba como monitor en el aula matinal de un colegio público de la localidad. La detención se produjo tras descubrirse material almacenado en dispositivos digitales suyos relacionado con menores de edad y contenido sexual, lo que llevó a los investigadores a sospechar de un presunto vínculo con la pederastia.
Tras su detención, el exconcejal quedó en libertad provisional aunque la causa se ha incorporado a la vía penal y continúa en fase de investigación.
ENTRENADORES DEPORTIVOS
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No cesan tampoco los casos de abusos sexuales en el mundo deportivo con el foco siempre puesto en los entrenadores de equipos juveniles. El último conocido ha tenido lugar en Málaga, concretamente en el fútbol juvenil. El entrenador investigado está desde hace unos días en prisión provisional sin fianza tras ser detenido por presuntos abusos sexuales a menores y difusión de pornografía infantil.
La denuncia fue presentada por las familias de tres chicos aunque no se descarta la aparición de nuevas víctimas. Los hechos sucedieron en un club malagueño después de que el padre de uno de los menores descubriera mensajes que probarían una de las agresiones sexuales presuntamente cometidas por el técnico deportivo. La causa, en fase de instrucción, refleja la gravedad de los hechos investigados cuando las víctimas son menores en contexto escolar o deportivo.
EL CASO ERREJÓN NO SE CIERRA
El caso del exdiputado Íñigo Errejón sigue en la esfera judicial. El exdirigente de Sumar renunció a su escaño y a su actividad política institucional en 2024, después de ser denunciado por agresión sexual por parte de la actriz Elisa Mouliaá sobre hechos ocurridos en 2021. Desde entonces, el procedimiento judicial ha ido avanzando a pesar de que la Fiscalía solicitó el archivo al considerar que no había prueba de falta de consentimiento. El juez, sin embargo, considera que «los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental».
Elisa Mouliaá decidió finalmente seguir con su acusación personal, por lo que el juez, Adolfo Carretero, tiene que volver a citar a Errejón para «emplazarle y notificarle» la apertura del juicio oral. El caso se ha ido enrevesando por los recursos de una y otra parte y los cambios de opinión de la actriz con respecto a su acusación. Y recientemente, ha salido a la luz una segunda denuncia de otra mujer, también víctima de presunta agresión sexual por parte del expolítico, ocurrida el mismo año que la que se investiga.
JUSTICIA Y RESPONSABILIDAD
De la Policía a la política local, pasando por las instituciones, las empresas o el deporte, el caso es que la ciudadanía observa alarmada los inaceptables comportamientos de quienes precisamente debieran ser un ejemplo. Episodios incesantes que exigen con urgencia protocolos claros, efectivos, que obliguen a actuar con transparencia y firmeza contra esta plaga de delincuentes sexuales. No hay sociedad que aguante un tren de escándalos semejante contra las mujeres, máxime cuando además está sometida a una serie cada vez más repetida de asesinatos machistas. No se puede tolerar la impunidad porque nadie está por encima de la Ley. Las mujeres víctimas, al echarle valentía, están empezando a entenderlo pero a sus poderosos agresores todavía les cuesta.
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