VÍCTIMAS TAMBIÉN DE LA DESINFORMACIÓN Y EL AISLAMIENTO
.- La asociación de defensa de mujeres Inmigrantes (AMIA) denuncia la situación de aislamiento de las víctimas del accidente y les presta asesoramiento.
Por Mª Victoria Campanario
La mayoría de las 15.000 mujeres temporeras que anualmente llegan a los campos andaluces para faenar en la recogida de los frutos rojos y otras campañas se enfrentan sobre el terreno no sólo a las condiciones de precariedad de sus empleos sino también a la falta de seguridad, al desconocimiento de sus derechos e incluso a eventuales problemas no lo suficientemente previstos en los contratos de origen como son los accidentes laborales.
El caso del vuelco del camión con temporeras de San Juan del Puerto ocurrido en Almonte el pasado día 1º de mayo así lo deja patente. Nos cuenta Fátima Ezzohayry, la presidenta de la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMIA), que desde su organización en la que ·entienden «el dolor de las mujeres» y por eso «intentan ayudarlas”, no las dejaron comunicarse con las víctimas tras ese fatídico accidente en el que murió una temporera y 27 resultaron heridas, algunas de gravedad. Fátima se pregunta:
-“¿Por qué no me dejaron entrar ni comunicarme con ellas? Si tienen todos los contratos en regla, ¿por qué impiden a una asociación como la nuestra verlas? ¿Por qué tienen un candado en la puerta del hotel?”.
De momento la presidenta de AMIA no tiene respuestas a sus preguntas aunque finalmente consiguió reunirse personalmente con algunas de las trabajadoras accidentadas y en estos momentos su asociación les presta ayuda y representación. -“Intentamos ayudarlas. Estamos para colaborar”, insiste y es que estas mujeres que vienen en busca de trabajo y una mejor calidad de vida se topan a veces con empresas que se aprovechan de su precaria situación, como dice Fátima.
AISLAMIENTO Y FALTA DE TRANSPARENCIA
Tanto las víctimas como las asociaciones de defensa de inmigrantes denuncian el aislamiento y la falta de transparencia en que se desenvuelven estas trabajadoras mientras duran sus contratos. Cuando, tras el accidente, las aseguradoras comenzaron a dar el alta a las mujeres, cuatro de ellas lo impugnaron al considerar que no estaban en condiciones de volver al campo. La empresa Surexport, para la que trabajaban las alojó mientras tanto en habitaciones de hotel en San Juan del Puerto (Huelva). Las víctimas llamaran a AMIA en busca de ayuda pero cuando Fátima pudo verlas en el hotel no le gustó nada lo que se encontró:
F.E.:-“Tenían vigilancia en las puertas y no me dejaron entrar”. Las oía llorar y a través del teléfono pudo conocer su estado mientras ellas insistían en que dejaran pasar a la presidenta de AMIA y recibían un «NO» con enfado y redundancia, confiesa Ezzohayry con indignación.
M.S.- ¿A qué atribuye tanta opacidad?
F.E.: -«Lo que puedo decirte es que el personal de Surexport les dijo a las mujeres que no podían dar información de lo que estaba pasando allí, como si algo tuviesen que esconder».
Estas situaciones que nos cuenta Fátima, en este caso referentes a las temporeras víctimas de un accidente laboral y mortal, no son aisladas ni conciernen a una sola empresa. En AMIA se han recibido muchas llamadas y peticiones de ayudas por parte de mujeres inmigrantes que se han visto perjudicadas también en otras empresas agrícolas.
BUSCARSE LA VIDA
Otro caso que comparte Fátima con Mujeres del Sur es el de una mujer mayor que inmigró en 2002 a Huelva y llevaba 21 años trabajando en el campo. Según explica la presidenta de AMIA, pocas semanas después del accidente de las temporeras, el 19 de mayo, esta mujer que ese día estaba limpiando la casa en la que se hospedaba, pagada por su empresa, se cayó y se rompió la cadera. La mujer pidió ayuda pero sus jefes les respondieron que no se harían cargo de nada y que se “buscase la vida”. Hasta el día siguiente nadie le prestó asistencia. Tuvo que ser un desconocido quien en su propio vehículo, la trasladó al hospital más cercano dejándola en la puerta. De hecho, los sanitarios, nos cuenta Fátima, reprocharon al conductor las malas condiciones en las que llego la temporera accidentada, a pesar de que el hombre hizo lo que pudo. A día de hoy, la empresa sigue sin hacerse responsable ni ha indemnizado a esta señora, que aún no puede moverse.
Según un informe de Cáritas, el 75% de los inmigrantes que vienen a España se encuentran envueltos en contratos ilegales o sin un seguro que les cubra accidentes u otras incidencias. Beatriz Losada, Inspectora de Trabajo y Servicios Sociales, asegura que los empresarios contratan inmigrantes ilegales porque saben que están en la más absoluta desprotección. Así lo manifestó en un curso de UIMP sobre Retos del fenómeno migratorio en el S. XXI. También se denuncia la falta de remuneración mínima garantizada, las condiciones de las viviendas en las que se alojan los inmigrantes o las pocas inspecciones laborales sobre el terreno.
LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS IMPULSAN LAS MEJORAS
Sin embargo, desde que a principios de los 90 la mano de obra marroquí llega a los campos andaluces para la recolección de la fresas y otros productos hortícolas la situación de los/as temporeros/as ha cambiado mucho. Según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Andalucía los problemas de inseguridad y de precariedad laboral no se dan siempre y no pueden generalizarse a todas las empresas. Desde esa organización luchan también por acabar con muchos estereotipos falsos que perjudica al sector ganadero y agrícola.
Huelva cuenta con 7.000 hectáreas de cultivo, el 95% de toda la fresa que se recoge en el país. Se necesitan unos 100.000 puestos de trabajo para cada campaña fresera, con las mujeres como centro de las campañas, ya que suponen el 80% del total de las plantillas. En cuanto a las contrataciones para la recogida del conjunto de frutos rojos se hacen a través de un acuerdo firmado entre España y Marruecos por medio de la Agencia Nacional de Empleo Marroquí (Anapec).
Aunque como aseguran desde la UPA ha mejorado la situación del trabajo en el campo onubense, la realidad es que muchas mujeres sufren en sus propias carnes condiciones injustas y deshumanizadoras debido a la precariedad del estado en que se encuentran cuando llegan a España
La oportunidades laborales que se les ofrecen a estas mujeres son ciertas, pero a menudo no respetan el límite de la explotación laboral. Las malas condiciones, la falta de seguridad y la precariedad caracterizan aún estas labores agrícolas pese a la denuncia constante de las organizaciones sociales y sindicales. En el campo onubense se ha avanzado pero aún queda mucha injusticia por deshacer.